“La Policía Nacional se queda en el Ministerio de Defensa”. Esta fue la respuesta concluyente que el titular de esa cartera, Diego Molano, dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó separar la institución armada de dicho Ministerio.

La propuesta fue presentada el miércoles al Gobierno por la CIDH, organismo adscrito a la OEA, en un documento de 46 folios en el que evaluó el manejo del orden público durante el paro nacional que inició el 28 de abril último.

Como se ha informado profusamente en medios y redes sociales, muchas de las actuaciones de la Policía y su escuadrón de orden público, Esmad, fueron cuestionadas por excesos y actos violencia durante las jornadas de protestas, por lo que la CIDH visitó al país entre el 8 y 10 de junio pasado para comprobar la situación.

El resultado de la verificación de la CIDH, y esta recomendación en particular, sumado al rechazo del Gobierno a la misma, trasluce una puja por el tema policial.

Por lo que surgen preguntas de rigor: ¿por qué es conveniente separar a la institución del Ministerio de Defensa?, como sugiere la Comisión; y ¿por qué el Gobierno se resiste a hacerle caso de manera tan rotunda?

La intención de separar el cuerpo armado del Ministerio no es nueva en Colombia, antes ya se han escuchado voces en ese mismo sentido.

Pero qué hay detrás de cada propuesta, en qué beneficia una y la otra. ¿Por qué unos quieren y por qué el Gobierno se opone?

Zona Cero consultó al analista político y columnista de prensa Néstor Rosanía, director del Centro de estudios en Seguridad y Paz, con sede en Bogotá, para conocer opiniones expertas de lo que puede haber en el trasfondo de lo que parece ser una pugna.

“La Policía colombiana terminó en el Ministerio de Defensa (antes Ministerio de Guerra) de manera coyuntural, por las circunstancias que se dieron en la época de la violencia, pero la Policía en todos los países es un órgano civil, no militar, por tanto lo que propone la CIDH es, digamos, normalizarla, retornarla a su naturaleza jurídica civil”, sostuvo.

Rosanía argumentó también que la posición del Gobierno colombiano de rehusar la propuesta de la Comisión, se da porque mira la situación desde una óptica política, sin ningún otro tipo de reflexión.

“Se valora la recomendación con el prisma de fuerzas de izquierda y derecha en contienda, por una parte la CIDH y por la otra el Gobierno; pero en atención a los estándares internacionales debería acatarse la solicitud del organismo”, reiteró.

Manifestó igualmente que enmarcar a la Policía en un plano civilista, sacándola de lo militar como se encuentra ahora; la ayuda a tener soberanía, a crear una doctrina con mejor visión por el comportamiento, y tener una mejor mirada al asunto de derechos humanos.

“Finalmente lo que se necesita es un Ministerio de la Seguridad, e incluir a la Policía ahí para generar confianza en los países extranjeros que decidan invertir sus capitales en Colombia con plena convicción de que aquí hay respeto por los derechos humanos”, precisó el analista director del Centro de estudios en Seguridad y Paz.

A su vez Luis Martínez Arroyo, politólogo de la Universidad del Norte y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno de ese mismo centro de educación superior en convenio con la Universidad de Salamanca, España; manifestó que es un error del Gobierno no tener en cuenta el pensamiento de la CIDH.

“Es que la Policía Nacional no merece solo cambiar de uniforme, y visibilizar las placas, nombres y apellidos de su personal; se requiere de una reestructuración real de su naturaleza, que pasa por convertirla en un organismo civil respetuoso de las personas y no de considerarlas enemigas de las instituciones”.

Para Martínez Arroyo renunciar a la sugerencia de la CIDH, “confirma la política de aislamiento del Gobierno Duque del sistema interamericano de Derechos Humanos”.

“La CIDH sabe de los numerosos entuertos que tiene la institución policial, por eso se atreve a sugerir reformas sustanciales”, concluyó.

El tema parecería congelado, y la situación seguiría como hasta ahora, pues el ministro Diego Molano ha sido terminante en manifestar que la Policía Nacional permanecerá inamovible en el Ministerio de Defensa, “pues garantiza fortaleza de cara al combate de la criminalidad”.

Asimismo manifestó que la misión y funciones de las Fuerzas Militares y la Policía están claramente diferenciadas en la Constitución, por tanto no hay incompatibilidad que continúe haciendo parte del Ministerio de Defensa.

De todas maneras las 41 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmadas en 46 páginas y fundamentadas en 180 hechos violatorios de los derechos humanos durante el reciente paro nacional, no son vinculantes, es decir, el Estado colombiano no está obligado a atenderlas.